Lanzan una proposición no de ley para frenar la violencia antitaurina

El PP pedirá este miércoles al Gobierno que adopte las medidas de “protección necesarias” para que los festejos taurinos, así como las actividades relacionadas con los mismos, puedan desarrollarse con normalidad, evitando las alteraciones del orden público antitaurinas a la entrada de las plazas de toros, durante la celebración de los mismos y después de su culminación.

“Los ciudadanos contrarios al espectáculo taurino tienen perfecto derecho, en uso de su libertad de expresión, a realizar manifestaciones públicas poniendo de relieve su rechazo al mismo, pero ello debe hacerse sin perturbar el derecho de los espectadores a acudir con absoluta tranquilidad a las plazas de toros y presenciar el espectáculo”, defienden los ‘populares’ a través de esta proposición no de ley en la Comisión de Interior.

Así, subrayan que la tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, y es una manifestación artística en sí misma “desvinculada de ideologías”.

Sin embargo, lamentan que “con frecuencia” se producen alteraciones del orden público a la entrada de las plazas de toros por grupos antitaurinos, “con insultos y provocaciones a los espectadores”, que tienen su continuación durante la celebración del espectáculo “con continuos gritos que perturban el inalienable derecho de los espectadores a disfrutar del espectáculo con absoluta tranquilidad y sosiego”.

“Cualquier persona tiene el derecho a disfrutar de su cultura en libertad. La tauromaquia como conjunto de actividades que se conecta directamente con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas amparados por nuestra Constitución, como son las de pensamiento y expresión, de producción y creación literaria, artística, científica y técnica, requiere de protección y fomento por parte del Estado y las comunidades autónomas”, sostiene el PP.

Además, defiende que la Constitución contempla la protección y regulación del toreo, patrimonio cultural, artístico, social y económico como una actividad de todos los poderes públicos para el servicio a los ciudadanos.

En este punto, recuerda que la ley penal puede sancionar los atentados contra ese patrimonio, al mismo tiempo que cita la Ley de 2013 para la regulación de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural que establece que es competencia de la Administración General del Estado, “garantizar la conservación y promoción de la Tauromaquia”.

 

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