En defensa de la Tauromaquia: cuatro argumentos para el debate

Diego Sánchez de la Cruz, periodista y cofundador de La Economía del Toro, escribe en La Razón (19-7-2015) un artículo en defensa de la Fiesta.

Desde el punto de vista económico, actuar contra la Fiesta Brava supone golpear a una industria cultural que, según los datos de ANOET, genera anualmente la friolera de 3.550 millones de euros. Si analizamos la recaudación por IVA generada por el sector taurino, vemos que los toros se colocan a la cabeza de la industria cultural, por encima del cine español, el teatro o la música.

Desde el punto de vista ecológico, las medidas contrarias a la Tauromaquia ponen en peligro la conservación de un animal único como el Toro de Lidia, auténtico pilar de desarrollo en la dehesa española. Solamente las 360 ganaderías de la UCTL conservan cerca de 300.000 hectáreas de alto valor natural, cuyo valor se estima por encima de los 1.860 millones de euros.

Desde el punto de vista jurídico, prohibir la celebración de festejos taurinos choca frontalmente con derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución. Hablamos de una violación de la libertad de expresión y de creación artística (art. 20), pero también de una actuación que viola el libre acceso a la cultura (art. 44). Por si esto no fuese suficiente, conviene recordar que la Ley 18/2013 de 12 de noviembre regula la Tauromaquia como Patrimonio Cultural,  obligando a las Administraciones Públicas a garantizar su conservación y su enriquecimiento. A este amparo legal se suma también la Ley 10/2015 de 26 de mayo, consagrada a la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Desde el punto de vista social, cuestionar la vigencia de la cultura taurina supone vivir de espaldas a la realidad. Pese a la dura crisis que ha sufrido el sector, la Tauromaquia sigue siendo el segundo espectáculo de masas de nuestro país. En los últimos dieciocho meses ha quedado claro que, coincidiendo con el inicio de la recuperación económica, ha aumentado el número de festejos taurinos así como la asistencia a los mismos.

Considerando todo lo anterior, las iniciativas contra la Fiesta que están desarrollándose en algunos municipios españoles se antojan equivocadas, radicales y contraproducentes.

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