Los seis pecados del pliego de gestión de Gijón

El sector taurino se ha acostumbrado a participar en concursos de licitación en los que las Administraciones Públicas exhiben sus peores vicios intervencionistas. Lejos de fomentar la libertad de empresa y el dinamismo cultural, lo normal es que se fijen cánones desorbitados que, sumados a la rigidez de las condiciones de gestión, hacen casi imposible el desarrollo de una industria moderna. Un buen ejemplo lo tenemos en el pliego de la Plaza de Toros de Gijón.

Como vemos en el primer punto del mismo, la empresa adjudicataria ni siquiera tiene el control del inmueble más allá de la Feria de verano. Así, el Ayuntamiento se reserva el derecho de organizar “todo tipo de espectáculos”, “cuando tenga por conveniente” y “sin necesidad de autorización por la empresa contratista”. También retiene el consistorio “el aprovechamiento de bares y de la publicidad”, “la utilización de las instalaciones en fechas que no obstaculicen la organización de espectáculos taurinos” o la exigencia de participar en los acuerdos para las retransmisiones de televisión.

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El pliego también reserva para el Ayuntamiento “el palco presidencia y los palcos a la derecha e izquierda de éste”, así como un burladero, un salón y la casa del Conserje.

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El Ayuntamiento obliga a la empresa a organizar seis festejos taurinos:

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El contrato está valorado en la friolera de 404.000 euros por seis años de gestión, si bien solamente están garantizados los tres primeros años y los tres siguientes deben concederse vía prórroga. De esos más de 400.000 euros hay unos 100.000 euros que vienen de exigir entradas gratuitas para el Ayuntamiento:

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También se exige la contratación de la Banda de Música de Gijón, a pesar de que el Ayuntamiento ya inyecta a dicha agrupación unos 132.000 euros de manera directa y otros 26.000 euros de forma indirecta.

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Tampoco hay libertad para fijar precios. En las novilladas, por ejemplo, no se puede vender entradas a menos de 17,5 euros.

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