Disueltos los dos principales grupos antitaurinos de Francia

Excelente noticia la que nos llega desde Francia. Los dos principales grupos antitaurinos del país galo han anunciado su disolución. La ardua tarea de defensa jurídica encabezada por el Observatorio de las Culturas Taurinas y por la Unión de Villas Taurinas ha culminado en el adiós definitivo del Comité Radical Anticorrida y el Comité Antitaurino Europeo.

En declaraciones a Aplausos, André Viard ha explicado que “la clave fue alejarlos de las plazas de toros durante sus manifestaciones. Lo que pretendían no era otra cosa que generar disturbios y violencia ya que creían que por prevención las autoridades acabarían prohibiendo los festejos taurinos”.

La Economía del Toro respalda esta estrategia, no solo como avance estratégico sino también por motivos de seguridad ciudadana. Hace ya tres años, esta plataforma hizo llegar al ministerio de Interior un informe que detallaba las acciones violentas de los antitaurinos en España. En virtud de dicho documento, y gracias al trabajo de organizaciones sectoriales y de aficionados, la Policía hizo circular una instrucción que llama a alejar las protestas antitaurinas a más de 500 metros de las plazas. Sin embargo, esta orden no se está cumpliendo en muchas plazas, ante la pasividad de los entes taurinos que deberían velar por la aplicación efectiva de la instrucción.

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Coloquio sobre los ingredientes del éxito taurino francés

El canal TOROS emitió el 20 de septiembre un coloquio con gestores taurinos franceses que arrojó luz sobre algunos de los aciertos que se vienen observando en la República gala a la hora de defender y promover la Fiesta:

  • Olivier Baratchart, director de la plaza de toros de Bayona, explica que “durante más de siete siglos, nuestra ciudad ha vivido la cultura taurina, con festejos en sus calles y espectáculos en sus plazas. Es una de las primeras ciudades taurinas de Francia. En 1701 se celebra la primera gran corrida en Francia, tiene lugar en Bayona y se convoca para celebrar la llegada de Felipe de Anjou al trono de España. De modo que la historia de la tauromaquia moderna en Francia arranca con la proclamación de Felipe V”.
  • Guillaume François, presidente de la Comisión Taurina de Mont de Marsan, apunta que “jamás hemos vivido un conflicto identitario a la hora de celebrar la herencia española, de hecho creemos que mezclando la bandera francesa con la bandera española queda claro que esta es una cultura común, que de hecho también abarca a Portugal y a numerosos países de América”.
  • André Cabannes subraya que el modelo taurino de Vic se mantiene “con un abono sólido, compuesto por 2.000 socios que renuevan año tras año su tarjeta, sin conocer siquiera las combinaciones de toreros”.
  • El abonado también tiene un rol importante en Mont de Marsan. Guillaume François apunta que su plaza tiene “3.300 socios, lo que ronda el 50% del aforo. Contamos con ellos a la hora de perfilar la temporada, en el momento de presentar los carteles o incluso para que elijan carteles como el de la novillada”.
  • Según Guillaume François, “Francia está contribuyendo a la renovación del tercio de varas, sobre todo por el trabajo de Alain Bonijol. Ha introducido un peto más ligero, ha apostado por un buen entrenamiento de las cuadras y ha empezado a plantear el uso de su nueva puya, que hace más posible el segundo encuentro”.
  • Alain Lartigue insiste en que “Francia ampara la libertad de expresión de los antitaurinos, permite que se manifiesten cuando quieran, siempre que cuenten con los permisos de rigor, pero las autoridades tienen claro que no puede haber manifestaciones antitaurinas delante de una plaza, en plena celebración de los festejos”. Guillaume François añade que la Unión de Ciudades Taurinas y el Observatorio de Culturas Taurinas “negociaron esa paz social entre 2009 y 2010, para garantizar que se establece un perímetro de al menos 500 metros y se evitan escenarios peligrosos”. Además, François revela que el sector taurino “lleva ya cuatro o cinco años trabajando codo con codo con el ministerio de Interior, para que se tomen medidas que sancionen los incumplimientos de estas reglas”.
  • Guillaume François explica que “es fundamental promover el acceso de los jóvenes a las plazas. En cosos como Céret es gratuito acudir con menores de catorce años. En muchas otras plazas se hacen promociones que persiguen el mismo objetivo. Los antitaurinos quieren impedir que los jóvenes se acerquen a los toros y lo que tenemos que hacer es todo lo contrario”.
  • Alain Lartigue pone encima de la mesa la importancia de “revisar los salarios, sobre todo ligando los pagos a la taquilla. Me he reunido con dos figuras para plantearles un esquema de remuneración moderno, con un fijo y una variable”. Guillaume François lo ve del mismo modo: “en el teatro, en los conciertos, en el cine… se establecen también esas fórmulas. Un artista cobra según su capacidad de llevar gente y generar expectación”.
  • Otro problema que Guillaume François pone encima de la mesa es “la igualdad de precios entre corridas de figuras y festejos con matadores menos reconocidos. En ningún espectáculo musical se pide lo mismo por ver a cantantes de distinto nivel. Quizá la razón por la que los carteles menos rematados llevan menos gente es que se pretende cobrar como si esa fuese una tarde de relumbrón”.

La Feria de Alicante en 2017 reunió a 49.000 espectadores y movió 6,5 millones de euros

La Feria de Hogueras de 2017 dejó en Alicante un beneficio económico de 6.485.000 euros. Así se desprende de un informe elaborado por la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET) y publicado por Diario Información.

De acuerdo con el estudio, la Feria tuvo 49.000 asistentes y movió 1.990.000 euros de impacto directo (entradas, consumo en la plaza…), así como 3.075.000 euros de impacto indirecto (alojamiento, restaurantes, bares, transporte) y 1.420.000 euros de impacto inducido (reinversión del gasto indirecto, en mano de obra u otros sectores y subsectores).

El informe sale a la luz en plena polémica sobre la concesión de la Plaza, que está en el aire como resultado de las diferencias entre PSOE, Compromís y Podemos. Aunque los socialistas se muestran favorables a conceder la prórroga a la empresa Toros del Mediterráneo, de Simón Casas, tanto Compromís como Podemos abogan por impedir esta decisión y redactar un nuevo Pliego que iría directamente contra los intereses de la Fiesta en la ciudad alicantina.

La Economía del Toro considera que la empresa gestora merece la prórroga del contrato de gestión y valora positivamente el trabajo de Toros del Mediterráneo al frente de la plaza de toros de Alicante.

El blindaje de los toros, elegido por consulta popular en Portugal

El proyecto “Tauromaquia, Patrimonio Cultural” ha sido uno de los más votados en la consulta del llamado Presupuesto Participativo de Portugal, según la cual los ciudadanos, con sus votaciones a través de internet, han elegido distintas acciones a ejecutar y sufragar por el actual Gobierno luso, formado por una alianza de partidos de izquierdas.

A esta consulta, que supone una novedosa forma de gestión pública que lleva realizándose en algunos países y ciudades del mundo, se han presentado en Portugal un total de 601 propuestas, referentes a distintas áreas de la política, la economía y la cultura, entre las que la taurina ha resultado elegida por la gran cantidad de apoyos.

El proyecto, que contempla todo el ámbito nacional, aspira a situar la cultura taurina en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de Portugal, al amparo de la Convención de la UNESCO, en un trabajo que, tras los resultados de la consulta, recibirá una financiación de 200.000 euros por parte del Gobierno y que serán incluidos dentro de los próximos Presupuestos del Estado.

La iniciativa fue elaborada por los representantes de la Asociación Nacional de Tertúlias Tauromáquicas y contó con el apoyo de Protoiro (Federación Portuguesa de Tauromaquia) y la marca Touradas, entidades que hicieron el llamamiento a los aficionados y a los amantes de la cultura portuguesa para que votaran por el proyecto para contar dentro del Presupuesto Participativo.

El histórico resultado alcanzado en esta votación democrática revela no solo la capacidad de movilización de los aficionados sino también la fuerza e implantación de la tauromaquia en la cultura portuguesa.

Para Helder Milheiro, de la Federación Portuguesa de Tauromaquia, “esta victoria es un ejemplo del compromiso cívico y democrático de los portugueses, que dijeron de forma clara que desean que se valore y se salvaguarde nuestro patrimonio cultural y que quieren, así, que la Tauromaquia sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de Portugal. Esa será nuestra obligación para con los muchos miles de personas que se han involucrado en esta causa en la que venció la ciudadanía”.

Por su parte, Luis Capucha, de la Asociación Nacional de Tertulias Tauromáquicas, considera que “este gran logro obedece, por un lado, a la manifestación del gusto de los portugueses por la cultura taurina como un rasgo muy profundo de la identidad de nuestro pueblo. Y, por otro, supone una enorme responsabilidad, porque nos corresponde ahora aprovechar la magnífica oportunidad que tenemos para que la Tauromaquia sea registrada como Patrimonio Cultural Inmaterial de nuestro país. El trabajo realizado ha dado un buen fruto, pero ahora comienza otro todavía más exigente para el que están convocados todos los amantes de la fiesta de los toros, de la democracia cultural y de la libertad”.

Por qué los “toros a la balear” son inconstitucionales

El gobierno de Baleares lleva años intentando prohibir las corridas de toros, pero el armazón legal que brinda protección a la Fiesta ha obligado al Ejecutivo de las islas a replantear su estrategia y promover una Ley de regulación de las corridas de toros que ha sido denominada popularmente como la norma de los “toros a la balear”, por sus ridículos y obstruccionistas planteamientos, de los que se derivaría la imposibilidad práctica de celebrar festejos taurinos.

El gobierno de Mariano Rajoy se ha puesto manos a la obra y el propio ministerio de la Presidencia ha solicitado a la Dirección General de Bellas Artes, dependiente del ministerio de Cultura, que emita un informe sobre esta nueva intentona del lobby antitaurino, secundada políticamente por el PSOE balear, las confluencias de Podemos y los partidos nacionalistas del archipiélago.

El informe de Bellas Artes refiere, de entrada, varios artículos de la Constitución Española. El 44 indica que “los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura” y el 46 reza que “los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que se integran”. En el 149.1.28 se aclara que “el Estado tiene competencia exclusiva para la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación (…), sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas”, mientras que en el 149.2 se estipula que “sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considera el servicio de la cultura como deber y atribución esencial”. Todo esto refuerza los argumentos legales a favor del toreo, pues descansan en principios constitucionales de vital relevancia.

A continuación, el informe encargado por Moncloa rescata sentencias constitucionales de relevancia para la cuestión competencial en materia de cultura:

  • STC 122/2014, de 17 de julio. “Hay una competencia estatal y una competencia autonómica, más que un reparto vertical, esto produce una concurrencia de competencias ordenada a la preservación y estímulo de los valores culturales”.
  • STC 177/2016, de 25 de noviembre. “El punto de partida acerca de la distribución competencial en materia de cultura es la existencia de competencias concurrentes entre el Estado y Comunidades Autónomas, tal como hemos señalado desde STC 49/1984, de 5 de abril, lo que justifica la intervención estatal en esta materia, en virtud del artículo 149.2 de la Constitución Española”.
  • STC 177/2016. “Corresponde al Estado la preservación del patrimonio cultural común, así como lo que precise de tratamientos generales o que no puedan lograrse desde otras instancias, como reflejan STC 49/1984, de 5 de abril, STC 157/1985, de 15 de noviembre, STC 106/1987, de 25 de junio, y STC 17/1991, de 31 de enero”.
  • STC 31/2010. “El artículo 127.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña exige un acuerdo previo con la Comunidad Autónoma en las actuaciones que el Estado realice en Cataluña, en materia de inversión de bienes y equipamientos culturales, pero no puede entenderse que el acuerdo referido sea condición necesaria e inexcusable para el ejercicio de la competencia estatal en el ámbito de la cultura. Si así se entendiera el precepto, sería inconstitucional, pues el artículo 149.2 de la Constitución Española impone expresamente al Estado la consideración del servicio de la cultura como deber y atribución esencial. Este es un mandato constitucional expreso, que implica la atribución al Estado de lo que STC 49/1984, de 5 de abril, define como “una competencia que tendrá, ante todo, un área de preferente atención en la preservación del patrimonio cultural común, pero también en aquello que precise de tratamientos generales o que hagan menester esa acción pública cuando los bienes culturales pudieran no lograrse desde otras instancias”. Y concluye STC 31/2010 que ese es un mandato “a cuya satisfacción viene obligado el Estado de manera indubitada y que no admite actuación que la impida o dificulte por parte de las Comunidades Autónomas”.
  • STC 177/2016. “La conservación de la tradición de las corridas de toros ya fue destacada por la Ley 10/1991, de 4 de abril, cuya exposición de motivos pone de relieve la dimensión cultural de las corridas de toros, determinante de su relación con la competencia estatal de fomento de la cultura (artículo 149.2 de la Constitución Española), un aspecto igualmente destacado en la Sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1988, que subraya la conexión existente entre la Fiesta de los Toros y el Patrimonio Cultural de España”.

A continuación, el informe de la Dirección General de Bellas Artes habla de la Ley 18/2013, cuyo artículo 1 “entiende por Tauromaquia el conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas, incluyendo la crianza y selección del toro de lidia, que confluyen en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar, expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español. Por extensión, se entiende comprendida en el concepto de Tauromaquia toda manifestación artística y cultural vinculada a la misma” y cuyo artículo 2 establece que  “la Tauromaquia forma parte del Patrimonio Cultural digno de protección en todo el territorio nacional”. Además, el artículo 3 indica que “los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución Española”. Y el artículo 5 establece la competencia de la Administración General a la hora de “garantizar la conservación y promoción de la Tauromaquia”.

¿Qué ocurre con las intentonas de modificar el espectáculo para hacerlo inviable y/o alterarlo de forma drástica? Aquí tiene especial relevancia la Sentencia del Tribunal Constitucional que tumba la prohibición de los festejos taurinos en Cataluña (STC 177/2016, de 25 de noviembre). El Alto Tribunal resuelve en este fallo tan esperado en contra de la abolición de las corridas en dicha región: “la norma autonómica, al incluir una medida prohibitiva de las corridas de toros menoscaba las competencias estatales en materia de cultura, en cuanto que afecta a una manifestación común e impide en Cataluña el ejercicio de la competencia estatal dirigida a conservar esa tradición cultural”. La sentencia determina que es inconstitucional la prohibición de “las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque”. Esta interpretación gramatical no da lugar a dudas: por tanto, no cabe alterar la corrida, eliminando cualquiera de sus tercios. De hecho, el informe elaborado a petición del equipo del presidente Rajoy indica también que “la existencia de tradiciones culturales taurinas como la portuguesa, en la que se lancean y ponen banderillas a los toros, pero la muerte del toro no se produce en la Plaza, sino en los corrales, es irrelevante para nuestro caso, puesto que lo definido como Patrimonio Cultural digno de protección es la corrida de toros moderna como expresión de la cultura tradicional del pueblo español”.

Además, el documento apunta que “el carácter nacional del espectáculo taurino exige una regulación uniforme, al menos en los aspectos esenciales, de la corrida de toros moderna, reservada al ámbito normativo estatal. Esa necesidad de regulación común viene reconocida por el Tribunal Supremo en varias sentencias (STS 20 de octubre de 1988, por ejemplo, señala que la normativa regional no puede “degradar” o “desvirtuar” los “aspectos esenciales” de la corrida; Real Decreto 145/1996, que actualiza el Reglamento de Espectáculos Taurinos, señala que su objetivo es “crear y poner en práctica los instrumentos administrativos que garanticen tanto la pureza y la integridad de la Fiesta de los Toros como los derechos de cuantos intervienen en los espectáculos taurinos o los presencian”; además, sus artículos 68 a 86 “configuran un espectáculo en el que se reglamenta el empleo de picas, banderillas y estoque, durante los tres tercios de que consta la lidia, y desembocando en la muerte del animal, mientras que los artículos 63 a 67 regulan las características de pullas, banderillas, estoques, rejones… que se emplean en las distintas suertes del toreo a pie y a caballo”).

Cabe recordar, por otro lado, que la Ley 10/2015, de 26 de mayo, regula la salvaguardia del Patrimonio Cultural inmaterial con menciones explícitas a la tauromaquia, tanto en el preámbulo como en su disposición final sexta. Esta norma debe ser explorada para blindar los toros (explicamos los motivos aquí) aunque el informe de Bellas Artes no incide mucho en ella, quizá un error por parte del equipo jurídico que elaboró un documento que, salvo en esta omisión, resulta muy acertado.

OTRAS CONSIDERACIONES DEL INFORME

  • Sobre la propuesta de limitar el número de reses lidiadas: “no existe número mínimo o máximo normativamente establecido de reses a lidiar” (de hecho, “no son extraños festejos en los que uno de los diestros intervinientes decide “regalar” la lidia de un ejemplar adicional asumiendo el coste económico del animal”), pero “lo más habitual corresponde a la lidia de seis reses por espectáculo, circunstancia que ha llegado a configurar hasta una frase hecha del lenguaje popular, 6 toros 6“. Así, “la casuística sobre este punto es tan variada y flexible que hay que entender que los usos tradicionales del espectáculo determinan la libertad del organizador del mismo para fijar el número de animales del festejo, sin que pueda imponerse normativamente un número máximo de reses a lidiar en estos festejos”. Así, restringir esta libertad “vulnera la Ley 18/2013, que regula la Tauromaquia como Patrimonio Cultural, así como el artículo 38 de la Constitución Española, referido a la libertad empresarial, y el artículo 149 de la Constitución Española, en su punto 149.1.28 y en el apartado 149.2″.
  • Sobre la pretensión de limitar a diez minutos la participación de los toros en los festejos: “choca frontalmente con las competencias estatales de determinar la regulación común de las reglas técnicas y de arte uniformes de las corridas de toros, que evitan su degradación e impiden que resulte desvirtuada en sus aspectos esenciales, como indica el artículo 149 de la Constitución Española”.
  • Sobre la intentona de prohibir la prohibición del uso de caballos: choca con STC 177/2016, sentencia del TC que tumbó la prohibición catalana, al constituir la suerte de varas “una de las modalidades de la corrida de toros moderna”.
  • Sobre la propuesta de plantear un reconocimiento “físico y psíquico del animal”: se entiende como una “pintoresca exigencia” que, “más que una manifestación de la competencia autonómica, la citada condición no supone más que la introducción de una mera administrativa”, lo que también sería inconstitucional, en virtud de STC 177/2016.
  • Sobre la limitación de asistencia a menores de edad: la Ley 10/1991, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, no establece prohibición alguna. El Tribunal Supremo, en su sentencia STS 1993/9377, de 18 de diciembre de 1993, ha reforzado el derecho de asistencia de los menores de edad, al declarar derogada la prohibición que en su día estableció el Real Decreto 2641/1929, de 21 de diciembre, durante la Dictadura del general Primo de Rivera. La derogación se hizo efectiva precisamente con el Reglamento de Espectáculos Taurinos aprobado en el Real Decreto 176/1992, de 28 de febrero. Pero, además, la Ley 18/2013 habla de garantizar el derecho de todos los ciudadanos al acceso a las diferentes manifestaciones de la Tauromaquia (artículo 5). De modo que resulta ilegal la prohibición de acceso a menores de edad.
  • Sobre la posibilidad de exigir que solo se lidien ganaderías de la zona: “supone una vulneración del principio de libertad de empresa (artículo 38 de la Constitución Española) y del principio de unidad de mercado (artículo 139 de la Constitución Española). Este último punto viene también reforzado por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, que garantiza la unidad de mercado y establece que “ninguna autoridad puede obstaculizarla directa o indirectamente”, en aras de la “igualdad de condiciones básicas para el ejercicio de la actividad económica” (artículo 1.2). Según STC 64/1990, ignorar estos puntos supondría crear “obstáculos que no guardan relación y son desproporcionados” para la libertad de empresa en el sector. De hecho, como pregunta el informe con ironía, “¿entraría dentro de las competencias de las comunidades en materia de cultura la determinación de contratar obligatoriamente a los actores más cercanos al teatro o cantantes más cercanos a las salas de conciertos?”.
  • Sobre el impedimento de usar los chiqueros: el informe entiende que se trata de “trabas administrativas injustificadas” y recuerda que el manejo de los toros está regulado en los artículos 50 a 53 del Reglamento Estatal de Espectáculos Taurinos, que además incluye en su artículo 28 la exigencia de una “certificación veterinaria” que acredite que “corrales, chiqueros, cuadras y desolladores reúnen las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas”).  El Reglamento habla explícitamente del establecimiento de lotes (artículo 59.1) y del enchiqueramiento tras el apartado (artículo 59.2).

El Supremo vuelve a recordar que la tauromaquia es patrimonio cultural

El Tribunal Supremo, obligado a pronunciarse sobre la imagen del toro bravo a raíz de una disputa entre Bodegas Osborne y BadToro, apunta lo siguiente:

“Conviene aclarar que lo que constituye patrimonio cultural de España es la tauromaquia. El animal toro no constituye un símbolo o icono oficial de España, sin perjuicio de que alguna concreta representación gráfica del toro de lidia haya resultado muy conocida y sea empleada por algunas personas junto con la bandera de España”

“Este uso social, que no consta se haya generalizado aunque no pasa inadvertido, sobre todo en algunos eventos deportivos en los que interviene una representación española, lo único que pone en evidencia es que una determinada representación gráfica del toro de lidia (no el animal, ni mucho menos su denominación), que ha sido empleada por algunos con una finalidad de reivindicación de lo español”

El Supremo añade que las corridas de toros se han convertido en “una tradición” que “forma parte de nuestra cultura”.