El gobierno de Baleares lleva años intentando prohibir las corridas de toros, pero el armazón legal que brinda protección a la Fiesta ha obligado al Ejecutivo de las islas a replantear su estrategia y promover una Ley de regulación de las corridas de toros que ha sido denominada popularmente como la norma de los “toros a la balear”, por sus ridículos y obstruccionistas planteamientos, de los que se derivaría la imposibilidad práctica de celebrar festejos taurinos.
El gobierno de Mariano Rajoy se ha puesto manos a la obra y el propio ministerio de la Presidencia ha solicitado a la Dirección General de Bellas Artes, dependiente del ministerio de Cultura, que emita un informe sobre esta nueva intentona del lobby antitaurino, secundada políticamente por el PSOE balear, las confluencias de Podemos y los partidos nacionalistas del archipiélago.
El informe de Bellas Artes refiere, de entrada, varios artículos de la Constitución Española. El 44 indica que “los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura” y el 46 reza que “los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que se integran”. En el 149.1.28 se aclara que “el Estado tiene competencia exclusiva para la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación (…), sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas”, mientras que en el 149.2 se estipula que “sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considera el servicio de la cultura como deber y atribución esencial”. Todo esto refuerza los argumentos legales a favor del toreo, pues descansan en principios constitucionales de vital relevancia.
A continuación, el informe encargado por Moncloa rescata sentencias constitucionales de relevancia para la cuestión competencial en materia de cultura:
- STC 122/2014, de 17 de julio. “Hay una competencia estatal y una competencia autonómica, más que un reparto vertical, esto produce una concurrencia de competencias ordenada a la preservación y estímulo de los valores culturales”.
- STC 177/2016, de 25 de noviembre. “El punto de partida acerca de la distribución competencial en materia de cultura es la existencia de competencias concurrentes entre el Estado y Comunidades Autónomas, tal como hemos señalado desde STC 49/1984, de 5 de abril, lo que justifica la intervención estatal en esta materia, en virtud del artículo 149.2 de la Constitución Española”.
- STC 177/2016. “Corresponde al Estado la preservación del patrimonio cultural común, así como lo que precise de tratamientos generales o que no puedan lograrse desde otras instancias, como reflejan STC 49/1984, de 5 de abril, STC 157/1985, de 15 de noviembre, STC 106/1987, de 25 de junio, y STC 17/1991, de 31 de enero”.
- STC 31/2010. “El artículo 127.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña exige un acuerdo previo con la Comunidad Autónoma en las actuaciones que el Estado realice en Cataluña, en materia de inversión de bienes y equipamientos culturales, pero no puede entenderse que el acuerdo referido sea condición necesaria e inexcusable para el ejercicio de la competencia estatal en el ámbito de la cultura. Si así se entendiera el precepto, sería inconstitucional, pues el artículo 149.2 de la Constitución Española impone expresamente al Estado la consideración del servicio de la cultura como deber y atribución esencial. Este es un mandato constitucional expreso, que implica la atribución al Estado de lo que STC 49/1984, de 5 de abril, define como “una competencia que tendrá, ante todo, un área de preferente atención en la preservación del patrimonio cultural común, pero también en aquello que precise de tratamientos generales o que hagan menester esa acción pública cuando los bienes culturales pudieran no lograrse desde otras instancias”. Y concluye STC 31/2010 que ese es un mandato “a cuya satisfacción viene obligado el Estado de manera indubitada y que no admite actuación que la impida o dificulte por parte de las Comunidades Autónomas”.
- STC 177/2016. “La conservación de la tradición de las corridas de toros ya fue destacada por la Ley 10/1991, de 4 de abril, cuya exposición de motivos pone de relieve la dimensión cultural de las corridas de toros, determinante de su relación con la competencia estatal de fomento de la cultura (artículo 149.2 de la Constitución Española), un aspecto igualmente destacado en la Sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1988, que subraya la conexión existente entre la Fiesta de los Toros y el Patrimonio Cultural de España”.
A continuación, el informe de la Dirección General de Bellas Artes habla de la Ley 18/2013, cuyo artículo 1 “entiende por Tauromaquia el conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas, incluyendo la crianza y selección del toro de lidia, que confluyen en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar, expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español. Por extensión, se entiende comprendida en el concepto de Tauromaquia toda manifestación artística y cultural vinculada a la misma” y cuyo artículo 2 establece que “la Tauromaquia forma parte del Patrimonio Cultural digno de protección en todo el territorio nacional”. Además, el artículo 3 indica que “los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución Española”. Y el artículo 5 establece la competencia de la Administración General a la hora de “garantizar la conservación y promoción de la Tauromaquia”.
¿Qué ocurre con las intentonas de modificar el espectáculo para hacerlo inviable y/o alterarlo de forma drástica? Aquí tiene especial relevancia la Sentencia del Tribunal Constitucional que tumba la prohibición de los festejos taurinos en Cataluña (STC 177/2016, de 25 de noviembre). El Alto Tribunal resuelve en este fallo tan esperado en contra de la abolición de las corridas en dicha región: “la norma autonómica, al incluir una medida prohibitiva de las corridas de toros menoscaba las competencias estatales en materia de cultura, en cuanto que afecta a una manifestación común e impide en Cataluña el ejercicio de la competencia estatal dirigida a conservar esa tradición cultural”. La sentencia determina que es inconstitucional la prohibición de “las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque”. Esta interpretación gramatical no da lugar a dudas: por tanto, no cabe alterar la corrida, eliminando cualquiera de sus tercios. De hecho, el informe elaborado a petición del equipo del presidente Rajoy indica también que “la existencia de tradiciones culturales taurinas como la portuguesa, en la que se lancean y ponen banderillas a los toros, pero la muerte del toro no se produce en la Plaza, sino en los corrales, es irrelevante para nuestro caso, puesto que lo definido como Patrimonio Cultural digno de protección es la corrida de toros moderna como expresión de la cultura tradicional del pueblo español”.
Además, el documento apunta que “el carácter nacional del espectáculo taurino exige una regulación uniforme, al menos en los aspectos esenciales, de la corrida de toros moderna, reservada al ámbito normativo estatal. Esa necesidad de regulación común viene reconocida por el Tribunal Supremo en varias sentencias (STS 20 de octubre de 1988, por ejemplo, señala que la normativa regional no puede “degradar” o “desvirtuar” los “aspectos esenciales” de la corrida; Real Decreto 145/1996, que actualiza el Reglamento de Espectáculos Taurinos, señala que su objetivo es “crear y poner en práctica los instrumentos administrativos que garanticen tanto la pureza y la integridad de la Fiesta de los Toros como los derechos de cuantos intervienen en los espectáculos taurinos o los presencian”; además, sus artículos 68 a 86 “configuran un espectáculo en el que se reglamenta el empleo de picas, banderillas y estoque, durante los tres tercios de que consta la lidia, y desembocando en la muerte del animal, mientras que los artículos 63 a 67 regulan las características de pullas, banderillas, estoques, rejones… que se emplean en las distintas suertes del toreo a pie y a caballo”).
Cabe recordar, por otro lado, que la Ley 10/2015, de 26 de mayo, regula la salvaguardia del Patrimonio Cultural inmaterial con menciones explícitas a la tauromaquia, tanto en el preámbulo como en su disposición final sexta. Esta norma debe ser explorada para blindar los toros (explicamos los motivos aquí) aunque el informe de Bellas Artes no incide mucho en ella, quizá un error por parte del equipo jurídico que elaboró un documento que, salvo en esta omisión, resulta muy acertado.
OTRAS CONSIDERACIONES DEL INFORME
- Sobre la propuesta de limitar el número de reses lidiadas: “no existe número mínimo o máximo normativamente establecido de reses a lidiar” (de hecho, “no son extraños festejos en los que uno de los diestros intervinientes decide “regalar” la lidia de un ejemplar adicional asumiendo el coste económico del animal”), pero “lo más habitual corresponde a la lidia de seis reses por espectáculo, circunstancia que ha llegado a configurar hasta una frase hecha del lenguaje popular, 6 toros 6“. Así, “la casuística sobre este punto es tan variada y flexible que hay que entender que los usos tradicionales del espectáculo determinan la libertad del organizador del mismo para fijar el número de animales del festejo, sin que pueda imponerse normativamente un número máximo de reses a lidiar en estos festejos”. Así, restringir esta libertad “vulnera la Ley 18/2013, que regula la Tauromaquia como Patrimonio Cultural, así como el artículo 38 de la Constitución Española, referido a la libertad empresarial, y el artículo 149 de la Constitución Española, en su punto 149.1.28 y en el apartado 149.2″.
- Sobre la pretensión de limitar a diez minutos la participación de los toros en los festejos: “choca frontalmente con las competencias estatales de determinar la regulación común de las reglas técnicas y de arte uniformes de las corridas de toros, que evitan su degradación e impiden que resulte desvirtuada en sus aspectos esenciales, como indica el artículo 149 de la Constitución Española”.
- Sobre la intentona de prohibir la prohibición del uso de caballos: choca con STC 177/2016, sentencia del TC que tumbó la prohibición catalana, al constituir la suerte de varas “una de las modalidades de la corrida de toros moderna”.
- Sobre la propuesta de plantear un reconocimiento “físico y psíquico del animal”: se entiende como una “pintoresca exigencia” que, “más que una manifestación de la competencia autonómica, la citada condición no supone más que la introducción de una mera administrativa”, lo que también sería inconstitucional, en virtud de STC 177/2016.
- Sobre la limitación de asistencia a menores de edad: la Ley 10/1991, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, no establece prohibición alguna. El Tribunal Supremo, en su sentencia STS 1993/9377, de 18 de diciembre de 1993, ha reforzado el derecho de asistencia de los menores de edad, al declarar derogada la prohibición que en su día estableció el Real Decreto 2641/1929, de 21 de diciembre, durante la Dictadura del general Primo de Rivera. La derogación se hizo efectiva precisamente con el Reglamento de Espectáculos Taurinos aprobado en el Real Decreto 176/1992, de 28 de febrero. Pero, además, la Ley 18/2013 habla de garantizar el derecho de todos los ciudadanos al acceso a las diferentes manifestaciones de la Tauromaquia (artículo 5). De modo que resulta ilegal la prohibición de acceso a menores de edad.
- Sobre la posibilidad de exigir que solo se lidien ganaderías de la zona: “supone una vulneración del principio de libertad de empresa (artículo 38 de la Constitución Española) y del principio de unidad de mercado (artículo 139 de la Constitución Española). Este último punto viene también reforzado por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, que garantiza la unidad de mercado y establece que “ninguna autoridad puede obstaculizarla directa o indirectamente”, en aras de la “igualdad de condiciones básicas para el ejercicio de la actividad económica” (artículo 1.2). Según STC 64/1990, ignorar estos puntos supondría crear “obstáculos que no guardan relación y son desproporcionados” para la libertad de empresa en el sector. De hecho, como pregunta el informe con ironía, “¿entraría dentro de las competencias de las comunidades en materia de cultura la determinación de contratar obligatoriamente a los actores más cercanos al teatro o cantantes más cercanos a las salas de conciertos?”.
- Sobre el impedimento de usar los chiqueros: el informe entiende que se trata de “trabas administrativas injustificadas” y recuerda que el manejo de los toros está regulado en los artículos 50 a 53 del Reglamento Estatal de Espectáculos Taurinos, que además incluye en su artículo 28 la exigencia de una “certificación veterinaria” que acredite que “corrales, chiqueros, cuadras y desolladores reúnen las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas”). El Reglamento habla explícitamente del establecimiento de lotes (artículo 59.1) y del enchiqueramiento tras el apartado (artículo 59.2).
